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Bajo el principio de “El que contamina paga”, la ley Nº20.920 busca responsabilizar al fabricante/importador de sus residuos, desde su generación, hasta su valorzación o eliminación.
Es el nuevo marco legal en materia de residuos y de fomento al reciclaje. Esta ley entrega competencias a la Superintendencia de Medio Ambiente para la fiscalización del cumplimiento de las metas de recolección y valoración de residuos de cada producto prioritario y de las obligaciones asociadas. Se establecen tambien instrumentos de gestión ambiental en materia de residuos, destacando entre ellos la REP, (Responsabilidad Extendida del Productor) la que se traduce en que el fabricante o importador deberá hacerse cargo del producto una vez terminada su vida útil.
Implica que los productores de productos prioritarios deben cumplir con ciertas obligaciones tales como registrarse, organizar y financiar la gestión de residuo, cumplir metas de recolección y valorización a través de alguno de los sistemas de gestión y asegurar que el tratamiento de los residuos recolectados se realice por gestores autorizados.
Los productos prioritaros se seleccionan bajo diferentes criterios como consumo masivo, volumen de sus desechos, riesgo de sus residuos para la salud de las personas y/o medioamiente etc. Entre ellos: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, neumáticos y pilas, envases y embalajes: carton para líquidos, metal, papel y cartón, plastico y vidrio, cápsulas de aluminio o tapón de plástico, etiquetas de papel, las cajas y separadores de cartón, film plástico entre otros.
Las industrias que deben cumplir con la implementación de la Ley 20.920 son todas aquellas que poseen un modelo de negocio que produzca, importe, o utilice profesionalmente alguno de los productos prioritarios que estipula la Ley.